Obligación de Presentar Impuesto sobre el Patrimonio 2022: ¿Quiénes y cuándo deben hacerlo?

¿Quiénes están obligados a presentar el IP?

Ojo, digo obligados a presentar, no siempre a pagar.

Debes presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio (para personas físicas por obligación personal o real) si te encuentras en alguna de estas situaciones:

1. Si, de acuerdo con las normas del impuesto, tu cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones correspondientes, resulta a pagar.
2. En el caso de que la base imponible, calculada según las normas del impuesto, sea igual o inferior al mínimo exento establecido, que puede ser generalmente de 700.000 euros o el importe específico determinado por las Comunidades Autónomas para los residentes, no estarás obligado/a a presentar declaración.
3. Si el valor total de tus bienes y derechos, calculado según las normas del impuesto, supera los 2.000.000 de euros, aunque no se cumpla la condición anterior.

Es importante tener en cuenta que, para determinar este último límite, debes incluir todos tus bienes y derechos, incluso aquellos que están exentos del impuesto.

Se calcularán sin tener en cuenta las cargas o gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas u obligaciones personales por las cuales eres responsable.

¿Qué bienes están exentos en la Ley del IP?

Hay quienes no tienen obligación de presentar Impuesto sobre el Patrimonio, como veremos a continuación.

Existen exenciones generales en el Impuesto sobre el Patrimonio, siempre y cuando se cumplan requisitos específicos. Estas exenciones se aplican a diversos bienes y derechos:

• Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y de las Comunidades Autónomas.
• Determinados objetos de arte y antigüedades.
• Ajuar doméstico, que incluye efectos personales y bienes muebles de uso particular, excluyendo joyas, pieles sunturias, vehículos, embarcaciones, aeronaves, objetos de arte y antigüedades.
• Derechos de contenido económico y derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial.
• Valores pertenecientes a no residentes.
• Patrimonio empresarial y profesional.
• Participaciones en determinadas entidades.
• Vivienda habitual del contribuyente, con un límite máximo de 300.000 euros.

La exención de la vivienda habitual se aplica a aquellos que tienen derecho de propiedad, pleno o compartido, o un derecho real de uso o disfrute sobre la misma, como usufructo, uso o habitación.

Además, se define el concepto de ajuar doméstico como los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y otros bienes muebles de uso particular, excluyendo ciertos elementos como joyas, pieles sunturias, vehículos, embarcaciones, aeronaves, objetos de arte y antigüedades.

Algunas Comunidades Autónomas han establecido exenciones específicas para bienes y derechos pertenecientes al patrimonio protegido de personas con discapacidad, aplicables a contribuyentes residentes en sus respectivos territorios, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

¿Cuándo se entiende que el patrimonio empresarial o profesional está exento?

El patrimonio empresarial y profesional se encuentra exento en el Impuesto sobre el Patrimonio cuando engloba los bienes y derechos indispensables para llevar a cabo la actividad económica, empresarial o profesional de una persona física, siempre y cuando esta actividad se desarrolle de manera habitual, personal y directa por parte del contribuyente, y constituya su principal fuente de ingresos.

Para que se aplique esta exención, es necesario cumplir con los siguientes requisitos en la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre):

1º.- Es necesario que los bienes y derechos estén destinados al desarrollo de una actividad económica, empresarial o profesional, según lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el artículo 22 de su Reglamento.

En caso de arrendamiento de inmuebles, se considerará actividad económica cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 27.2 de la Ley del IRPF, es decir, cuando se emplee al menos a una persona con contrato laboral y jornada completa para su gestión.

Los criterios para determinar la afectación de bienes y derechos a una actividad económica se encuentran explicados en el Capítulo 6 del Manual del IRPF.

2º.- La actividad económica, empresarial o profesional a la cual los bienes y derechos estén destinados debe ser ejercida de manera regular, personal y directa por el titular contribuyente.

Sin embargo, los bienes y derechos compartidos por ambos cónyuges estarán exentos si se utilizan en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional de cualquiera de ellos, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos establecidos por la ley.

3º.- La actividad económica, empresarial o profesional debe representar la principal fuente de ingresos para el contribuyente.

Se considerará que la actividad empresarial o profesional constituye la principal fuente de renta cuando al menos el 50% del importe total de la base imponible general y del ahorro del IRPF del contribuyente, que se obtiene de las casillas [0435] y [0460] de la declaración del IRPF, provenga de los rendimientos netos generados por dichas actividades empresariales o profesionales.

Al calcular la principal fuente de renta, no se incluirán las remuneraciones por funciones de dirección en entidades de las cuales el contribuyente posea participaciones exentas de este impuesto, ni cualquier otra remuneración derivada de la participación del contribuyente en dichas entidades.

En el caso de transmisiones lucrativas de participaciones de empresas familiares, se requiere comparar la remuneración percibida por el contribuyente con la suma algebraica de todos los rendimientos netos reducidos del trabajo y de las actividades empresariales y profesionales, para aplicar la exención del Impuesto sobre el Patrimonio.

5º.- Cuando un contribuyente ejerza de manera habitual, personal y directa dos o más actividades empresariales o profesionales, la exención se aplicará a todos los bienes y derechos relacionados con dichas actividades.

En este caso, la principal fuente de renta se determinará en base a la suma de los rendimientos empresariales o profesionales generados por todas las actividades ejercidas.

¿Cuándo están exentas las participaciones en sociedades?

Para que resulte de aplicación la exención, han de cumplirse, a la fecha del devengo de impuesto (31 de diciembre), los siguientes requisitos y condiciones:

1º.- Que la entidad, sea o no societaria, realice una actividad económica y no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

Se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las siguientes condiciones:

• Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o
• Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.Para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Véanse a estos efectos los artículos 27 y 29 de la Ley del IRPF y 22 del Reglamento del IRPF.

Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad.

A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos, no se computarán los valores siguientes:

• • Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.
  • Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.
  • Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.
  • Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no esté comprendida en esta letra.Sin perjuicio de lo anterior, no se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores.

    A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 90 por 100, de la realización de actividades económicas.

2º.- Que la participación del contribuyente en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100, computada de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga el parentesco su origen en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas de las personas anteriormente indicadas, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma, deberán cumplirse, al menos, en una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.

3º.- Que el contribuyente ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad.

A estos efectos, se considerarán funciones de dirección, que deberán acreditarse fehacientemente mediante el correspondiente contrato o nombramiento, los cargos de: Presidente, Director General, Gerente, Administrador, Directores de Departamento, Consejeros y miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente, siempre que el desempeño de cualquiera de estos cargos implique una efectiva intervención en las decisiones de la empresa.

En el supuesto de que los titulares de las acciones o participaciones sean menores de edad o incapacitados, esta condición se considerará cumplida cuando se ajusten a la misma sus representantes legales.

4º.- Que, por las funciones de dirección ejercidas en la entidad, el contribuyente perciba una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de sus rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas correspondientes al ejercicio 2020.

Lo relevante no es tanto la denominación del cargo, sino que dicho cargo implique funciones de administración, gestión, dirección, coordinación y funcionamiento de la correspondiente organización. Criterio sentado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de enero de recaída en el recurso de casación para la unificación de doctrina 2316/2015.

A efectos de determinar dicho porcentaje, no se computarán los rendimientos de las actividades económicas desarrolladas de forma habitual, personal y directa por el contribuyente cuyos bienes y derechos afectos disfruten de exención por este impuesto.

Cuando una misma persona sea directamente titular de participaciones en varias entidades en las cuales concurran los requisitos y condiciones anteriormente citados, el cómputo del porcentaje del 50 por 100 se efectuará de forma separada respecto de cada una de dichas entidades. Es decir, sin incluir entre los rendimientos derivados del ejercicio de las funciones de dirección los obtenidos en otras entidades.

¿Quién es el titular de los elementos del patrimonio?

En este impuesto, cada persona debe declarar su propio patrimonio, sin que se puedan sumar los bienes y derechos de la pareja o de los hijos menores.

Esto implica que se deben establecer reglas específicas para determinar a quién corresponde cada elemento patrimonial y cómo se debe atribuir al declarante.

¿Cómo se determina el patrimonio neto?

El patrimonio neto se define como la diferencia entre el valor total de los bienes no exentos, conocido como patrimonio bruto, y el total de las deudas deducibles.

En el impuesto sobre el patrimonio, existen reglas específicas establecidas por la normativa para determinar el valor de los distintos bienes o derechos, así como qué deudas pueden ser deducibles.